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03/03/2017

ROJO-ROJO

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Lea la columna del director del PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA, Manuel Marfán.


“ACÁ NO ha habido negligencia, aquí no ha habido fallas de proceso ni fallas operativas”, dijo el gerente general de una de las sanitarias, a propósito de los aluviones y cortes de agua en la zona central. Se subentiende que hubo razones de fuerza mayor. ¿Es tan así?

La gestión moderna de empresas considera un “mapa de riesgos” que evalúa la probabilidad de ocurrencia de un siniestro y su impacto en la empresa. A cada riesgo se le asigna un color del semáforo. Así, riesgos de baja probabilidad y/o bajo impacto están en la zona verde; los de alta probabilidad y/o alto impacto (que incluso podrían afectar la viabilidad de la empresa) se ubican en la zona roja, y hay una zona intermedia de color amarillo, con fronteras difusas dadas por tonalidades intermedias.
¿De qué color sería el riesgo de un “enturbiamiento grave” (por ejemplo, por un aluvión) del agua antes de su procesamiento? En un horizonte de, digamos, cinco años la probabilidad de ocurrencia de un aluvión es baja. ¿Y el impacto sobre la empresa? Ése sería más elevado porque la turbiedad puede dañar las plantas de producción. Tal vez estaría en una zona “amarilla-naranja”. El plan A de mitigación consistiría en interrumpir la producción hasta que la turbiedad se normalice para evitar el daño en las plantas, y realizar inversiones cuantiosas en reservas de agua tratada para garantizar el abastecimiento. El plan B es interrumpir tanto la producción como el abastecimiento, ahorrándose las inversiones. Desde la perspectiva de la empresa el plan B es mejor.

El análisis anterior -o alguno parecido- estaría bien para una empresa cualquiera. ¿A quién le importaría que una fábrica de zapatos interrumpiera la producción y el abastecimiento por 24 horas por causas de “fuerza mayor”? ¿Es una sanitaria una empresa cualquiera? No, no lo es. Una sanitaria produce un servicio básico bajo condiciones de monopolio natural, como las eléctricas, las carreteras interurbanas, el gas de cañería y los puertos, entre otros. Se trata de la prestación de servicios con características de bien público. ¿En qué falla, entonces, el análisis anterior? En lo mismo que fallaba la concesionaria de la Ruta 5 sur que, por no invertir en buenas plazas de peaje, aumentó considerablemente los tiempos de viaje en el sector de Angostura, especialmente en fechas claves. La evaluación que debe hacer quien tiene la concesión de un bien o servicio público es, como su nombre lo indica, desde la perspectiva de lo público. La interrupción del abastecimiento de agua potable a casi un millón de ciudadanos por 24 horas es, en chileno, rojo-rojo.

El Estado ha traspasado la administración de bienes y servicios públicos a manos privadas en numerosos frentes (AFP, Isapres, sanitarias, Transantiago, puertos, carreteras, etc.). Si queremos que el sector privado no solo mantenga sino que amplíe el espectro de administración de bienes y servicios públicos hay que repensar la regulación actual de manera que se garantice el carácter público de los servicios que prestan. Por ahora, las actividades privadas de más baja reputación están dentro de la lista señalada. Quizás sea porque los chilenos sentimos que somos la parte más delgada del hilo.

Carta de Guillermo Pickering publicada el 15/03/2017 en el diario La Terceraen relación a la columna publicada por Manuel Marfán:



Señor director:
En su columna “Rojo-Rojo”, Manuel Marfán plantea que suspender el suministro de agua potable a cerca de un millón de hogares por 24 horas es un punto crítico en el mapa de riesgos de una empresa sanitaria. Es cierto, y por eso en los últimos años Aguas Andinas ha destinado importantes inversiones a fortalecer la seguridad y autonomía de suministro. Entre ellas se cuentan US$ 70 millones en una primera etapa de obras de seguridad-operativa desde fines de 2013- que nos permite seguir abasteciendo a la ciudad durante eventos que obliguen a detener la producción de agua hasta nueve horas. Estamos destinando US$ 90 millones a una segunda fase de obras que elevarán esa autonomía a 32 horas, lapso que nos habría permitido enfrentar estos eventos de turbiedad extrema con mayor holgura. Ello, sin perjuicio de que las obras de infraestructura nunca son infalibles y la naturaleza puede desatarse de manera brutal, como este país habitualmente experimenta con terremotos, tsunamis, inundaciones, incendios y otros fenómenos incontenibles.
Se trata del proyecto Pirque que considera construir seis estanques de reserva de agua cruda, con una capacidad de 1,5 millones de metros cúbicos de agua. Es una mega obra que requiere análisis técnicos, licitaciones y la aprobación de un estudio de impacto ambiental (EIA) que está en trámite, luego del fast track solicitado por la empresa y aprobado por la autoridad.
Estoy de acuerdo con Marfán en que una sanitaria no es una empresa cualquiera. Aguas Andinas es una compañía con una vocación fuerte de servicio público y consistentemente ha ido más allá de las inversiones comprometidas en sus planes de desarrollo.
Sin embargo, hay ocasiones en que pese a las inversiones, al despliegue operacional y profesionalismo de nuestra compañía, enfrentamos eventos de fuerza mayor como el ocurrido hace unos días, cuando el río Maipo del cual nos abastecemos para producir agua potable para el 85% de los hogares de Santiago, se convirtió en un alud. Lamentamos los inconvenientes que ha vivido la población y seguimos trabajando para fortalecer nuestro servicio, mitigar en lo posible el impacto de estos eventos y con ese fin estamos enfocados en el Proyecto Pirque.

Guillermo Pickering de la Fuente
Presidente Aguas Andinas

Fuente: La Tercera

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